La inconstitucionalidad de un artículo de la Carta Magna provincial de 2006 llevará a los legisladores al recinto de sesiones, dentro de tres semanas, para tratar el “congelamiento” de su dieta. El fallo de la Corte Suprema de la Provincia, dictado en 2018, derrumbó la facultad del vicegobernador de fijar los haberes parlamentarios, y se suma a una larga lista de cláusulas fulminadas en los tribunales.

¿Es viable mantener el texto constitucional tal y como está, a pesar de los cuestionamientos? ¿O es aconsejable comenzar a pensar o a analizar una posible reforma, algo que implicaría -entre otros pasos- el llamado a elegir una Convención Constituyente?

En la Legislatura, único poder del Estado provincial habilitado a darle curso a una convocatoria para el rediseño de la Carta Magna, coinciden en que la reacción aprobada en 2006 presenta -a la vista de las diversas resoluciones judiciales- una serie de falencias o de disposiciones que resultan en la actualidad de imposible cumplimiento. Sin embargo, ante una consulta de LA GACETA, los jefes de los bloques políticos de la Cámara legislativa coincidieron en que no es oportuno abrir esa discusión en este momento. El argumento en común entre oficialistas y opositores apunta directo a la coyuntura: la prioridad en estos momentos es atender la crisis económica y social que afecta al país y a la provincia.

La última vez que se modificó el texto constitucional tucumano fue en 2006, durante el primer mandato del ex gobernador José Alperovich. El presidente de ese cuerpo fue el hoy jefe del Poder Ejecutivo, Juan Luis Manzur, quien luego de dicha labor sería elegido por Alperovich para que lo acompañara en la fórmula oficial, en 2007 y en 2011.

Se introdujeron entonces diversos cambios con relación a las disposiciones de la Constitución de 1990. Uno de los más relevantes para la dirigencia política fue la posibilidad de acceder a una reelección consecutiva, algo que no estaba permitido. Pero la Justicia provincial no puso reparos a este novedoso atributo en favor de los candidatos. En cambio, a partir de distintas presentaciones judiciales -sobre todo impulsadas por dirigentes opositores-, se “fulminaron” artículos o institutos que había incorporado el oficialismo a la Carta Magna.

En 2018, a partir de una acción impulsada por los constitucionalistas Luis Iriarte (ex convencional provincial en 1990 y nacional en 1994) y Carmen Fontán, la Corte provincial reprochó, entre otros, dos artículos. Por un lado, el apartado que establece la aprobación de manera ficta de los decretos de necesidad y urgencia, un sistema que les daba fuerza de ley a los DNU una vez pasados 20 días hábiles sin tratamiento legislativo; y la potestad del vicegobernador de fijar la dieta (o sea, la remuneración) de los legisladores. La integración del Consejo Asesor de la Magistratura y de la Junta Electoral Provincial; la no inclusión del “voto joven” dentro del capítulo del Régimen Electoral; y el sistema de enmiendas ya habían sido objeto de fallos adversos.

En paralelo a estas discusiones de orden técnico, entre la dirigencia se habla por lo bajo de un aspecto político: la posibilidad de incluir la “re-re” indefinida, con lo cual el gobernador Manzur podría aspirar a otro mandato. El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, ya avisó que bajo ningún punto de vista la Legislatura dará lugar a esa discusión en este contexto.

Por lo pronto, según se desprende de los dichos de los jefes de bloque, la chance de abrir un debate para tratar una ley de convocatoria a una reforma constitucional no tendrá lugar, al menos en el corto plazo.

Roque Tobías Álvarez

Bloque Justicialista (33 miembros)

“A medida que se ha ido aplicando la Carta Magna (reformada en 2006), se han descubierto distintos aspectos o falencias que cuentan con sentencia firme (en contra por parte de la Justicia). La única manera de modificar la Constitución provincial es a través de una Constituyente. Pero considero que si ponemos todas las cosas en la balanza, no ameritan una reforma constitucional en estas circunstancias. Estoy seguro de que no es el tiempo ni el momento de hablar de ello. Tenemos en el país, y por ende en la provincia, una profunda crisis socioeconómica. Además, venimos de un año en el que se concurrió en varias ocasiones a las urnas. Hoy los ciudadanos están pensando en cómo la dirigencia mejora el poder adquisitivo de nuestra sociedad, no en una reforma de la Constitución”.

Raúl Albarracín

PJS-Recuperemos Tucumán (4 bancas)

“Para evaluar la procedencia de una reforma constitucional se debe ponderar la oportunidad, necesidad y conveniencia. Considero que no es oportuno ni siquiera hablar de una reforma. Es, además, a mi criterio innecesaria, porque las arbitrariedades en que se incurrió (en la redacción de 2006) ya fueron subsanadas a través de distintos fallos judiciales. Por otra parte, es inconveniente hablar de ello, por los tiempos y las urgencias socio económicas que sufren los argentinos y, desde luego, también los tucumanos. No amerita abordar estos temas. Hay que tener la cabeza puesta en tenderle una mano a la gente y abocarse a dar respuestas a sus problemáticas y necesidades, que son aún más complejas en estas épocas”.

Sara Alperovich

Hacemos Tucumán (2 bancas)

“Si bien hay varios artículos de la Constitución provincial que fueron dejados sin efecto por la Justicia, y eso implicaría revisar nuevamente los párrafos impugnados, la convocatoria a una reforma constitucional requiere de un amplio consenso, social por un lado, y político por el otro. Se necesita de los dos tercios de la totalidad de los legisladores para llevarla adelante, y de los tres cuartos del cuerpo parlamentario si el gobernador veta la ley de convocatoria. Cuando hablo con la gente, no me plantean cuestiones vinculadas a la reforma constitucional, sino sus problemas económicos y de seguridad que los aquejan. No veo aún ambiente propicio para plantear ahora una reforma constitucional”.

José María Canelada

Bloque unipersonal UCR

“En un contexto en el que no conocemos el plan económico (del presidente, Alberto) Fernández, que congela los aumentos jubilatorios por un lado y da aumentos especiales por ‘izquierda’; y en el que (el gobernador, Juan) Manzur canceló unilateralmente la ‘cláusula gatillo’ (fijada en la paritaria de 2019 con los gremios estatales), claro que no es oportuno plantear un proceso de reforma constitucional. Lo institucional puede resolverse mediante leyes. El debate sobre cómo redistribuir el Presupuesto de la Provincia para que llegue a los que más lo necesitan, por ejemplo, sólo requiere de la voluntad política del gobernador”.

Ricardo Bussi

Fuerza Republicana (8 bancas)

“Fuerza Republicana tiene todo su energía invertida en la reducción del gasto político, con el objetivo de liberar recursos que hoy están comprometidos en este capítulo, y volcarlos a la obra pública que genera trabajo genuino y eleva la calidad de vida. Sabemos que para reducir el número de legisladores y sepultar nuestro sistema electoral hay que reformar la Constitución. Pero, dadas las circunstancias económicas de la provincia, que ha tenido dificultades para pagar sueldos, este tema puede ser postergado, para mientras tanto avanzar en otros aspectos de la reducción del gasto político. Por ejemplo, el número de concejales que llega a 200 en todo Tucumán, y se puede reducir reformando la Ley Orgánica Municipal (artículos 3 y 13), sin tocar la Constitución. No nos parece oportuno, por ahora, reformar (la Carta Magna provincial), aunque reconocemos que en algún momento habrá que hacerlo”.

José Ricardo Ascárate

Bloque unipersonal UCR-H. Yrigoyen

“Los vicios de forma que presenta la Constitución provincial pueden ser corregidos a través de leyes, sin necesidad de abrir el debate de una reforma de la Constitución. Por ejemplo, el sistema de ‘acoples’, que realmente desnaturaliza las elecciones y diluyó la representatividad de la oposición en la Legislatura, puede ser ordenado a través de una norma provincial, si se sanciona un proyecto que disponga la celebración de primarias, ya sean simultáneas y obligatorias o no, antes de los comicios generales. En otros puntos, como el tema de las dietas de los legisladores, estoy de acuerdo con la sentencia del caso ‘Iriarte’. Pero, otra vez, una ley de la Legislatura puede equiparar las dietas con los sueldos de los ministros. Las funciones son equivalentes. No es lógico que, por ejemplo, un juez de la Corte cobre tres veces de lo que percibe un gobernador. Pero no hace falta una reforma constitucional para mejorar todos estos aspectos”.

Federico Masso

Bloque unipersonal Libres del Sur

“Plantear una reforma constitucional en estos tiempos es totalmente inviable, tanto políticamente como económicamente. La situación que atraviesan la Argentina y nuestra Provincia debe tener a todos los poderes del Estado y a sus funcionarios atentos a mitigar, con política públicas, una coyuntura social y económica grave. Ya habrá tiempo, cuando la Argentina y Tucumán salgan de la crisis, de discutir una Reforma de la Constitución provincial que no sólo corrija las enmiendas de la Carta Magna de 2006, sino que además apruebe un sistema electoral transparente para los comicios provinciales, que deje atrás al clientelismo del presente texto constitucional”.